
Carlota ‘N’, una mujer de 73 años, fue trasladada al Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Chalco tras ser detenida el 2 de abril por su presunta participación en el asesinato de dos hombres en el municipio de Chalco. La detención se realizó como parte de una investigación relacionada con un conflicto por la invasión de un predio en la localidad de Hacienda La Labor.
El operativo de traslado fue ejecutado por elementos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, la policía estatal, municipal y la Guardia Nacional, quienes se encargaron de asegurar la seguridad durante el proceso. Carlota, junto con Mariana ‘N’, de 51 años, y Eduardo ‘N’, de 34 años, fueron arrestados bajo cargos de homicidio calificado y tentativa de homicidio.
El incidente que desencadenó los asesinatos ocurrió el 1 de abril, cuando un grupo de personas, supuestamente liderado por los detenidos, disparó contra tres individuos que, según las autoridades, habían invadido una propiedad de Mariana ‘N’. Las víctimas mortales fueron identificadas como Justin, de 19 años, quien falleció en el lugar, y Esaú, de 51 años, quien murió en el hospital tras ser herido de bala. Un adolescente de 14 años también resultó herido pero sobrevivió.
La investigación comenzó el 27 de marzo, cuando Mariana ‘N’ denunció un intento de despojo de su propiedad, lo que llevó a las autoridades a investigar la situación legal del terreno y a solicitar pruebas. La violencia culminó en los fatales disparos, que ahora son objeto de una investigación judicial.
A medida que el caso sigue su curso, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, expresó que se espera el informe completo de la Fiscalía del Estado de México para comprender mejor las circunstancias de los hechos y la situación jurídica de los involucrados.
Mientras tanto, los familiares de las víctimas realizaron el velorio de los fallecidos, que se vio marcado por la controversia, ya que en un video que circula en redes sociales, se observó a asistentes disparando al aire en honor a los difuntos.
Este caso destaca las tensiones por la ocupación ilegal de tierras y plantea interrogantes sobre la justicia en disputas de propiedad en el Estado de México. Se espera que la audiencia inicial se realice en los próximos días, donde se determinarán las medidas legales contra los detenidos.